En un comunicado remitido a la redacción de Canarias Semanal, la Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza ha expresado su postura frente a los recortes sociales que ya ha comenzado a aplicar el Gobierno de Mariano Rajoy. «Esta política contunuista (con respecto al Ejecutivo Zapatero) – recuerdan desde este colectivo- tiene en Canarias un antecedente en el gobierno de Coalición Canaria, que demuestra de nuevo como los derechos sociales no son para nada una prioridad en su gobierno, sino todo lo contrario».
En Canarias – denuncia la ACRR – «los presupuestos en servicios sociales se recortan en un 14%, pasando de dedicar 146 euros por habitante y año a 126 euros por habitante y año. Siendo el Archipiélago el segundo territorio a la cola del resto del Estado español. Se pierden 43 millones de inversión en este año, y se han perdido 140 millones en los últimos tres años».
Además -continúan especificando en su comunicado – «se invierten 4 millones menos en la Dirección General de protección al Menor y la familia, 76 millones menos en la Dirección General de Políticas sociales, 1 millón menos para el Instituto canario de Igualdad y 17 millones menos en el Instituto Canario de Vivienda. Mientras los presupuestos se destinan a infraestructuras millonarias impuestas desde arriba como la macrocárcel en Gran Canaria o el Tren del Norte de Tenerife».
Para la ACRR, el gobierno de Coalición Canaria y el PSOE en Canarias demuestra su desinterés por la grave situación de exclusión y pobreza destinando para las llamadas ayudas de emergencia social, la Prestación Canaria de Inserción (PCI), 23 millones de euros. Lo que contrasta con los más de 34 millones destinados para asesoramiento de presidencia, o el que los 75 millones de euros invertidos en la destrucción de Tindaya servirían para que 15500 personas pudieran cobrar la PCI durante todo un año.
La PCI (Prestación Canaria de Inserción) – aclara la ACRR -«es un derecho destinado a personas con precariedad económica, lo que en Canarias se traduce en el 75% de la población. La realidad es que las ayudas de emergencia, en el caso de Canarias, la PCI, no se cobran desde mayo, y estamos hablando de personas sin ningún otro tipo de ingreso. Las oficinas de Servicios Sociales en Canarias están funcionando más como herramientas de control y contención que como herramientas al servicio de que se cumplan los derechos de las personas que aquí vivimos».
A este respecto, la Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza destaca lo que, con voluntad política, se podría hacer con los 13 mil millones de euros y los 7000 millones más que recaudará hasta el 2013 la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC). El instrumento fiscal que permite a los empresarios instalados en el Archipiélago «ahorrarse» hasta el 90% de los impuestos por sus beneficios.
«No podemos delegar nuestras vidas a los caprichos e intereses de las grandes beneficiadas del capitalismo que nos destroza la vida» – afirman desde la ACRR – que reivindica la necesidad de «recuperar la calle como escenario de lucha, como la única manera para exigir y conseguir las mejoras necesarias que nos permita tener las riendas de nuestra vida a las que nada tenemos».
La Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza concluye su nota de prensa anunciando el comienzo de una campaña de difusión y devolución del estudio de la Renta Básica de las Iguales. En dicho estudio – sostienen- «hemos demostrado que con los recursos económicos actuales, y con voluntad política, se puede acabar con las muchas personas que viven en exclusión en el municipio de La Orotava, con la vocación de que esta propuesta se extienda al resto de Canarias».
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