Ningún negocio con nuestras necesidades

 Continúa la campaña “Vivir dignamente en La Orotava”, profundizando en el problema que genera la privatización de los derechos básicos, convertidos hoy en productos de consumo sometidos al mercado y no al interés colectivo.

 

Desde Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza (ACRR) continuamos con la campaña “Vivir dignamente en la Orotava”, que pretende visibilizar y denunciar la realidad del municipio, con miles de personas en situación de exclusión social.

Coincidiendo con el debate electoral, desde ACRR planteamos tres propuestas encaminadas a lograr una mayor igualdad social en el municipio y cuya ejecución es solo cuestión de voluntad política:

-Ningún negocio con nuestras necesidades (exigimos la gestión pública de los servicios básicos, cesando las concesiones a empresas privadas que no garantizan nuestros derechos).

-Casas vacías para gente sin casa (alquiler social de las 1.645 casas vacías que hay en La Orotava para quien las necesite).

-Aplicación de la Renta Básica de las Iguales (empezando por la primera fase de implantación de la Renta Básica de las Iguales -RBis, que consistiría en asegurar recursos económicos suficientes a personas en situación de exclusión extrema). 

De los 11.000 hogares que hay en La Orotava, 2.700 viven bajo el umbral de la pobreza. Una de cada cuatro familias no llega a fin de mes, lo que se traduce en muchas ocasiones en la imposibilidad de pagar gastos que no sean alimenticios.

Esta situación provoca que no puedan coger la guagua para ir al médico, que les corten la luz o el agua por impago, o que les embarguen la cuenta porque no pueden pagar la contribución. No hablamos de caprichos ni gastos innecesarios, sino de derechos básicos, fundamentales para vivir dignamente: agua, luz, transporte… Estos derechos han sido cedidos por las instituciones a empresas privadas, que multiplican a nuestra costa sus ingresos.

Respecto al agua en La Orotava, Canaragua tiene una concesión sobre el abastecimiento, saneamiento, depuración y distribución, pero el suministro y las actuaciones a seguir en caso de impago son competencia del Ayuntamiento.

Canaragua, del grupo AGBAR (que a su vez es propiedad de la multinacional Suez), controla una parte importante del negocio del agua en las Islas. Es un claro ejemplo de la privatización de los servicios públicos, pues genera millones de euros de beneficios con nuestras necesidades básicas. Con estas privatizaciones, los derechos dejan de serlo y se convierten en productos de consumo sometidos al mercado y no al interés colectivo.

En la Ordenanza Reguladora de la Tasa por Suministro de Agua del Ayuntamiento de La Orotava para 2015, el Ayuntamiento no incluye ninguna excepción para quienes no puedan pagarla. Es más, no solo no garantiza el suministro de agua a todos los hogares, sino que regula su corte: “Finalizado el periodo voluntario de cobranza, se iniciará de inmediato el procedimiento de cobro por la vía de apremio con el recargo correspondiente. Una vez efectuado el requerimiento de pago en vía de apremio, se procederá al corte del suministro a los abonados que no hubieren satisfecho sus deudas tributarias durante el plazo señalado en el requerimiento”

Del mismo modo que el agua, existen otros servicios que pueden y deben ser garantizados por las instituciones locales, como la energía eléctrica, el butano o el transporte público.

Por otro lado, hay impuestos municipales que el Ayuntamiento puede eximir en caso de pobreza extrema y que, en cambio, generan embargos y multas por impago a familias sin recursos, que agravan la situación de estas personas.

Medidas urgentes 

Desde la ACRR reiteramos que es solo un problema de voluntad política terminar con la exclusión, pues tienen competencia para remunicipalizar el agua o crear cooperativas de transporte.

Por todo ello, iniciamos una campaña de recogida de firmas y exigimos al Ayuntamiento de La Orotava las siguientes medidas urgentes, aplicables a todas las personas con ingresos inferiores al umbral de la pobreza relativo:

–EXENCIÓN del pago del suministro de la electricidad y del agua, de manera que no haya cortes en dichos suministros.

–EXENCIÓN de impuestos municipales (IBI, basura, rodaje…), eliminando así multas y sobrecargos.

–GRATUIDAD del transporte público, garantizando la movilidad en la Isla.