La Pobreza es sistémica y fruto del modelo colonial en Canarias y no producto de la última crisis.

 

Entre las ineficaces actuaciones del Gobierno de Canarias para terminar con la pobreza y la exclusión en las islas se encuentra la creación del Comisionado por la Inclusión Social y la Lucha contra la Pobreza, un nuevo personaje del entramado institucional, con el rango de consejero, que en un año y medio de vida no ha sido capaz de poner en marcha un plan estratégico, ni tan siquiera de terminar con los flecos del igualmente inútil plan aprobado por el Parlamento de Canarias en 2013.

La realidad es, como señala el informe presentado en julio pasado por el comisionado, que la pobreza es sistémica y fruto del modelo colonial en Canarias y no producto de la última crisis. El mismo informe señalaba la alta tasa de desempleo, los bajos salarios y la mala distribución de la riqueza como causas de la pobreza en las islas y que ni tan siquiera el empleo es garantía para obtener los ingresos mínimos para sobrevivir. Es un hecho constatado por la hacienda pública que la riqueza en Canarias se concentra en unos pocos miles de hogares (4.000 personas ostentan el 80% de riqueza en las islas), del mismo modo que los informes FOESSA, AROPE o del CES (Consejo Económico y Social) vienen a confirmar que la pobreza se ha consolidado y sigue afectando a 280.000 personas que sufren pobreza extrema, a 52.000 hogares que no perciben ningún ingreso o que las islas cuenten con los salarios más bajos del estado español.

En la calle, donde no nos llegan las estadísticas pero sí las realidades, cientos de miles de personas no pueden vivir dignamente y tampoco pueden confiar en que las instituciones solucionen su problema.  Decenas de miles de hogares agotan sus ayudas y se quedan en manos de la caridad, cientos de desahucios cada mes (según estadísticas del Consejo General del Poder Judicial), 120.000 hogares que necesitan de ayuda para pagar la factura de la luz (según otro de los estudios presentado por el comisionado) y un largo etcétera de situaciones límite que colocan a Canarias en lugar destacado del Ibex (principal índice bursátil de referencia de la bolsa en el Estado) de la pobreza, donde la peor parte como siempre se la llevan las mujeres y las niñas.

En el Punto de Información de Derechos Sociales de La Orotava seguimos confirmando que los servicios sociales del ayuntamiento se utilizan como barrera de contención a las solicitudes de la PCI, que se sigue desprotegiendo a las familias que no pueden pagar el alquiler. Constatamos la indefensión que sufren las personas con derecho a prestaciones pero que no la reciben por incapacidad o  por el laberinto burocrático que supone reclamar tu derecho a percibir una pensión no contributiva. Situaciones extremas que hacen insostenible la vida para cualquier persona, algo que lleva a muchas a pensamientos suicidas, incluso a llevarlo a término y también a otras soluciones drásticas impulsadas por la desesperación. Y esto es sólo una pequeña muestra de la injusticia social que el Gobierno de Canarias sigue promoviendo.

El pasado mes de diciembre el Consejo de Gobierno se decidió a encargar la modificación del Reglamento que regula la PCI, algo que estaba pendiente desde que en 2015 fuera aprobada la modificación de la ley que regula esta prestación. Modificación que en su día este colectivo denunció como mero maquillaje de algo que no sirve a las miles de familias olvidadas y sin ingresos que les permitan sobrevivir. El ejecutivo presume que han desaparecido las listas de espera para solicitar la PCI, la realidad es que se agota el tiempo máximo para percibirla y no hay manera de renovarla, porque los servicios sociales se niegan a tramitarla o porque es denegada sistemáticamente.

Diciembre fue también cuando se presentó el informe ‘Impactur 2015’ que confirmaba la buena salud del turismo, con una cifra record de ingresos en el año 2015 (13.480 millones de €). Algo que no se traduce en mejoras de las condiciones laborales de las trabajadoras del sector contribuyendo sólo en las islas a la creación de empleos precarios, pero que sin duda está aportando jugosos beneficios a las grandes empresas turísticas, que por otro lado tributan menos de un 10% de sus ingresos (1.239 mill. €). Cuando el turismo nos sigue costando a quienes vivimos en Canarias 917 millones de gasto de las administraciones públicas (383 de ellos en gestiones de política turística). Se podría hablar también de las SICAV o la RIC en el archipiélago, métodos legales para pagar menos impuestos y que sólo siguen existiendo gracias a la voluntad política de quienes gobiernan, los mismos que quieren acabar con la pobreza a base de comisionados, informes, ayudas raquíticas, contrapestaciones y titulares en los periódicos.

Llegó el momento de pasar a la acción, de hacer pagar a las grandes empresas hoteleras el coste de la promoción y gestión turísticas, de grabar los impuestos para las rentas más altas, de establecer el derecho a una Renta Básica de las Iguales (Individual, incondicional y universal)  para todos las personas sin ingresos y dotarla presupuestariamente, lo mismo que las ayudas a la dependencia y las pensiones por discapacidad, regular de una vez por todas la vivienda social, terminar con la pobreza energética, mejorar las condiciones laborales en general y la negociación colectiva en los sectores estratégicos que concentran el empleo al mismo tiempo que se apuesta por una economía social y sostenible … cuestiones que únicamente dependen de voluntad política y que afectan directamente a quienes vivimos por debajo del umbral de la pobreza, más de medio millón de personas en Canarias que no entendemos de estadísticas pero estamos condenadas a la exclusión y la precariedad.

 

Asamblea Canaria por el Reparto de La Riqueza

Canarias a 19 de enero de 2017