Una vez más vemos con expectación cómo “Podemos Canarias” debate con los sindicatos, los mismos que siguen anclados en la mentira del pleno empleo y el subvencionismo, para tratar sobre lo que han denominado ‘Renta Social Garantizada‘. De nuevo no cuentan con la participación de los colectivos de base que defendemos modelos de Renta Básica Fuerte para participar en el proceso desde un comienzo. Es evidente la nula intención de exigir y luchar por una Renta Básica de carácter Universal (que la pueda recibir cualquiera), de forma Individual (por el simple hecho de vivir en Canarias y sin tener que esperar a los veintitrés años y no por núcleo de convivencia o familiar), Incondicional (sin tener que seguir el indigno itinerario de inserción laboral ni el humillante laberinto burocrático para demostrar tu condición de persona empobrecida) y Suficiente (el importe equivalente al umbral de la pobreza establecido, es decir, la mitad de la renta per cápita). Menos parecen querer que una parte de esta renta se utilice comunalmente a través de procesos de democracia directa. Queda claro que no se busca un reparto real de la riqueza aquí producida para caminar hacia modelos de autogestión reales y transformadores.
Las organizaciones y colectivos que venimos trabajando los últimos treinta años en el modelo fuerte de Renta Básica (Renta Básica de las Iguales) hemos repetido una y otra vez que su implementación en nuestra sociedad es sólo una cuestión de voluntad política. Las reuniones se suceden una y otra vez, en la mayoría de los casos sin que las organizaciones de base que trabajamos con estas propuestas y herramientas en la cotidianidad de nuestro día a día, en nuestros barrios y desde la gente que padecemos la precariedad estemos presentes. En los últimos años en Canarias se han hecho estudios de viabilidad, como en de La Orotava en 2011, y multitud de campañas y denuncias para situar a la RBis en el centro de las exigencias de muchas organizaciones que trabajamos en el terreno de los Derechos Sociales en Canarias. A su vez seguimos viendo cómo los poderes institucionales, y lo que es más lamentable para nosotras, desde los partidos de izquierda, que han accedido a las instituciones como es el caso de Podemos, se han instalado en el posibilismo y el pactismo relacionándose para partir de las premisas de los referentes en esta forma de funcionar, los sindicatos que llevan 30 años domesticando a la clase trabajadora, para legitimar su propuesta sobre la ‘Renta Social Garantizada’. Lejos quedan ya los ecos de la indignación y la voluntad de transformar la sociedad al calor del 15M, en los que la conquista de derechos estaba por encima del circo mediático.
Creemos que la más certera de las colonizaciones del Capitalismo ha sido la de nuestras mentes y nuestro imaginario colectivo. Por ello nos alejamos de la lógica de otros sistemas posibles de organizar nuestra economía más allá del capitalismo, en una realidad demostrada de imposibilidad de pleno empleo, de generación de crisis como necesidad para el sostenimiento del sistema y de negación para reconocer que el Producto Interior Bruto es fruto del trabajo (que no empleo) de todas las personas que formamos esta sociedad. Entender que el capitalismo existe sólo a través de la explotación (se sirve igual del patriarcado o el racismo que de la explotación laboral o la del territorio y nuestro ecosistema). Interiorizar que el problema radica en la desigualdad y no en la pobreza y que sólo acabando con la acumulación de la riqueza se terminarán la pobreza, la precariedad y la marginación a la que nos condenan a la mayoría de la sociedad.
Si hablamos de Renta, deberíamos reflexionar sobre el origen y la naturaleza de la misma. Se pretende instaurar una ‘Renta Social Garantizada Canaria’ establecida en unos presupuestos que debieran ser una herramienta para el reparto. Pues bien, cuesta encajar que en el apartado ingresos exista una aportación equitativa cuando el gobierno ‘vende’ -por una vez lo que aseguran es cierto- Canarias a empresas e inversores como un paraíso fiscal. Ni tan siquiera es de esperar que con los salarios más precarios del estado español se pretenda ingresar mucho en la parte autonómica de las llamadas rentas del trabajo. Tampoco es de recibo, que la niña mimada de la economía canaria, la industria turística, reciba ayudas en forma de inversiones en infraestructuras y promoción por centenares de millones de euros, cuando obtienen unos beneficios en las islas tan obscenos que los mantienen en secreto. Por no hablar del creciente número de personas ricas que va en paralelo con la intolerable desigualdad, sirvan como ejemplo las 4000 personas que en Canarias acumulan el 80% de la riqueza.
Partimos del hecho de que la actividad humana de 2 millones de personas en las islas genera el PIB, por lo que la idea debiera ser que la propuesta fuera un mecanismo de reparto de las que más tienen hacia las que menos tienen, para lo que es necesaria una reforma fiscal profunda que nadie quiere afrontar. El agotamiento de un modelo económico en las islas totalmente dependiente del exterior, un sector turístico basado en la competitividad y la explotación (cuyos beneficios, en su mayor parte, acaban fuera de Canarias) o la oligarquía aliada con la patronal que sigue controlando las instituciones, el mercado laboral y la propiedad de la tierra, son algunas de las rémoras que impiden la aplicación de verdaderas políticas sociales.
Una ‘renta social garantizada” debiera contribuir a que todas seamos tratadas con el mismo respeto, como iguales, sin humillaciones, pudiendo disfrutar de unas condiciones materiales dignas, no teniendo que vernos degradadas haciendo cola para recibir una bolsa de alimentos o un bono de la guagua o dando explicaciones para que no nos quiten la custodia de nuestros hijos/as porque no podemos mantenerlos. Hablamos, por tanto, de un importe suficiente para sostener la vida dignamente (umbral de la pobreza).
Obligar a seguir un itinerario de reinserción laboral a personas que no van a tener nunca la posibilidad de entrar en el mercado del empleo es cruel y malévolo, pues el mensaje que se lanza es de responsabilizarnos de nuestra falta de empleabilidad y mantenernos en la lógica de que si no eres productivo para el sistema (capitalista) eres una carga. Tampoco parece de recibo la fiscalización de nuestra vida privada por parte de los servicios sociales, la larga lista de requisitos para obtener las ayudas no tienen otro objetivo que impedir el acceso a las mismas de la mayoría de hogares que las necesitamos, unas veces debido a normas estúpidas, otras a que se pierden en el laberinto administrativo. La mayoría de las veces porque la ventanilla de la PCI sólo se mantiene abierta unos días y en el fondo el problema es una partida presupuestaria de risa destinada a maquillar las cifras oficiales.
Si queremos realmente transformar la sociedad debemos crear las condiciones para que las mujeres puedan tener autonomía y no sigan cayendo en esquemas patriarcales de pareja para sostenerse, para que los cuidados no sean una carga, para que las personas podamos desarrollar nuestra creatividad fuera de las lógicas productivistas, para que no dependamos de empleos que nos esclavizan, para fomentar lo comunitario respecto a lo individual, para dar una vida digna a las que no la tenemos… Cualquier sistema de reparto tiene que poner la mirada en un futuro sin capitalismo, todo lo demás es caridad aunque le cambiemos el nombre y lo vistamos de ayuda social, Prestaciones de Inserción, Renta Básica Universal, Ciudadana o Renta Social Garantizada Canaria.
Desde la Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza y las organizaciones y personas que trabajamos contra la precariedad y la exclusión exigimos una Renta que sea un derecho individual, universal, incondicional, suficiente y con potencial transformador, por ello creemos que la Renta Básica de las Iguales (RBis) puede ser una herramienta útil y hoy más que nunca necesaria. Conscientes de que la propuesta requiere de muchas transformaciones en la sociedad proponemos una aplicación progresiva de la RBis y empezar por una primera fase que en cinco años debería cubrir a toda la población en pobreza severa, las pensiones más bajas, los hogares con rentas bajas y menores o personas dependientes así como a los colectivos en riesgo de exclusión. Creemos que con una adecuada política presupuestaria que priorice la partida destinada a garantizar este derecho, destinando dinero de otras partidas, creando impuestos sobre el turismo y poniendo en práctica políticas fiscales solidarias que graven a las grandes empresas y fortunas es posible poner en marcha la RBis en Canarias. Se trata de tener la voluntad política de hacerlo posible. Conscientes de ello seguiremos trabajando y luchando para denunciar la desigualdad en Canarias mientras quienes gobiernan se lo piensan y valoran si acabar con la desigualdad social de manera real, es rentable o no de cara a las elecciones.
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