La red asegura que “hay que hacer frente al desmantelamiento público de los servicios sociales y la violación de los derechos universales”
Nayra Machín, miembro de la Red Canaria por la Defensa del Sistema Público de Servicios Sociales, explicaba en rueda de prensa esta mañana en la capital grancanaria, el por qué de esta red, “una red que nace al amparo de varias reuniones, donde diferentes colectivos, asociaciones, profesionales, sindicatos y particulares, hemos debatido y analizado el deterioro que sufre nuestro sistema público con la finalidad de denunciarlo y defenderlo”.
Machín informó que actualmente forman parte de la red, el Colegio de Trabajadores y Trabajadoras Sociales y Asistentes Sociales de Las Palmas, el centro Loyola, Intersindical Canaria, Cobas, La Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza y ATTAC, además insistió que muchos otros colectivos y particulares ya se han puesto en contacto con ellos para unirse a la iniciativa, “una iniciativa que persigue dar cabida a quiénes lo consideren, y sería ideal crear una plataforma de redes en la que estuvieran presentes todos los servicios y no solo los sociales, sino el educativo, el sociosanitario etc.” matizó Machín
Koldovi Velasco, presente también en la rueda de prensa, aseguró que esta red es necesaria ahora más que nunca “ante el deterioro de las condiciones de vida de la población canaria, por poner algunos ejemplos podemos hablar de que hay retrasos de hasta nueve meses en las pensiones no contributivas, retrasos en el apoyo a personas con situaciones de diversidad funcional o una reducción de 34 millones hacia el colectivo de atención de la infancia y la familia, no en vano en Canarias uno de cada tres niños está bajo el umbral de la pobreza. No sólo aumenta la situación de gravedad y de injusticia, sino que además se recortan los servicios», lamentó.
Velasco, criticó que se gasten 34 millones para la asistencia técnica y política al presidente del Gobierno de Canarias y sólo 23 para la prestación canaria de inserción, “que además se gastará en dos meses dada la situación actual”.
Servicios que se suprimirán o sufrirán serios recortes
Tras las reuniones mantenidas por los colectivos y el análisis realizado, se ha detectado que existe una serie de servicios que corren el riesgo de desaparecer, tales como discapacidad, especialmente los Centros Ocupacionales, equipos de riesgo, mujer e igualdad, menores (incluidos los menores inmigrantes no acompañados), ayuda a domicilio, escuelas infantiles y otros cuyo alcance aún se desconoce.
Además se están retrasando los períodos de tramitación de las pensiones no contributivas, “recodemos que son prestaciones ya aprobadas y que superan los 8 meses sin cobrarse”, apuntó Velasco.
Además se verán afectados muchos puestos de trabajo, de hecho ya ha habido reducciones en varias ONG de reconocido prestigio, los ayuntamientos estiman hasta un 50% de despidos de profesionales del ámbito de lo social, recayendo el trabajo que ahora realizan en los que se queden, “con lo que evidentemente bajará la atención y el seguimiento a las personas y sus procesos así como la calidad de los mismos”, ratifican.
“Sin embargo la finalidad de esta red no es una cuestión meramente reivindicativa de unos derechos laborales, sino que va más allá, nuestra preocupación principal son los sujetos, los ciudadanos y ciudadanas que necesitan ahora de los servicios sociales, unos servicios reconocidos en nuestra legislación y que por tanto debe dar el Estado, evitando esa exclusión social que además va en aumento”, señaló Agustín Ortega, otro representante de la red.
Medidas inmediatas
La recién bautizada red, pretende llevar a cabo una serie de medidas que visibilicen la problemática y recabar cuántos apoyos sean precisos para reivindicar y luchar porque se garanticen “los derechos sujetivos de todas las personas a unos Servicios Sociales Públicos”. Para ello, se recogerán firmas de apoyo contra el desmantelamiento del sistema público, se potenciará el proceso participativo hacia la aprobación de una nueva Ley de Servicios Sociales de Canarias y se invitará a las personas perjudicadas a hacer uso del sistema judicial para exigir sus derechos. Además, la red se ha comprometido a recoger datos de la situación para elaborar un informe riguroso y hacerlo público.
La Red Canaria en Defensa del Sistema Público de Servicios Sociales iniciará la serie de acciones de protesta el próximo lunes 27 de diciembre con una movilización en la calle Triana, frente al Banco del BBV de la capital grancanaria a las 19.00 horas y que han denominado Contra los recortes, apadrina un banquero.
El próximo día 11 de enero se realizará otra reunión, a las 19.00 horas en el Café de Espacio ubicado en la calle Cebrián, con la que se reiniciarán las propuestas de acciones y se dará cabida a los nuevos miembros que se quieran ir anexionando.
Exigencias de la red
Son cuatro las exigencias básicas que recoge la red en su manifiesto y que fueron recogidas por Enrique Martí y Agustín Ortega, presentes también en la rueda de prensa ofrecida en la capital grancanaria.
El pago inmediato de las prestaciones y ayudas “que una vez reconocidas no se han concedido, y que si no se pagan hará que la situación de estas familias vaya cada vez a peor”, estimó Martí, quien aseguró que es necesario que se frene la destrucción y cierre de los servicios sociales en las islas.
Por su parte, Ortega resaltó las exigencias de una dotación de presupuesto estable y suficiente, asegurando que “sí hay dinero, el problema es el uso que se le de y qué se considere prioritario, ya puso como ejemplo la compañera Koldovi lo que se gasta en el presidente del Gobierno Canario y su entorno” y de otro lado, matizó, “es también prioritario que se garantice la redistribución de la riqueza, incidiendo en aquellas personas y colectivos más afectados, pero recordando que es un derecho de todos y todas y una responsabilidad pública del Estado”.
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